Aumenta el optimismo en infraestructura en Colombia pese a riesgos crecientes

«Un análisis de la segunda encuesta de expertos sobre riesgos en el sector de infraestructura en Colombia revela variaciones significativas en las percepciones entre 2024 y 2025. El estudio, realizado por Control Risks y Jaime Arteaga y Asociados, integra opiniones de profesionales vinculados a empresas concesionarias, constructoras, de servicios públicos, banca de inversión, consultoras y proveedores.

Destacan que durante 2023 y buena parte de 2024, el gobierno mostró bajo avance en nuevas obras y baja ejecución presupuestal, generando desconfianza entre los actores del sector. Además, persistente incertidumbre sobre el financiamiento de grandes proyectos, combinada con tensiones políticas por la reforma fiscal, afectó las perspectivas de corto plazo. Pese a lo anterior, desde finales de 2024, se percibe un mayor interés empresarial ante la posibilidad de un cambio de gobierno.

En ese contexto, para 2025, el 69% de los expertos consultados espera un crecimiento moderado o alto del sector para el año siguiente. Esta proporción supera la registrada en 2024 y marca una tendencia optimista impulsada por un posible cambio político y el final del actual gobierno sin la implementación de reformas estructurales percibidas como inciertas. En contraste, la encuesta de 2024 reflejaba una postura más reservada, relacionada con baja ejecución presupuestal y tensiones institucionales, lo que se reflejó en un resultado pesimista del 64% de los encuestados. 

Las respuestas respecto al rol del gobierno en el fomento del sector muestran una mejora ligera, aunque persiste escepticismo. En 2025, más expertos están de acuerdo con que el Estado reconoce la importancia de la infraestructura y promueve su desarrollo, en comparación con el año anterior. Sin embargo, la inestabilidad jurídica y regulatoria continúa siendo señalada como una de las amenazas más relevantes. Entre las causas, se mencionan decisiones unilaterales del Ejecutivo y conflictos entre ramas del poder público.

En cuanto a interrupciones operativas, la encuesta de 2025 indica que el 50% de las empresas del subsegmento concesionario (vías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) enfrentó bloqueos o protestas sociales en el último año. Esta cifra representa un aumento frente a 2024 y sitúa a este grupo como el más afectado. La conflictividad social se intensificó especialmente en zonas como la Guajira y el Valle del Cauca, donde se desarrollan proyectos estratégicos.

Proyecciones empresariales a cinco años

La encuesta de 2025 registra una mejora en las proyecciones a cinco años para las operaciones empresariales. Las empresas de servicios públicos, constructoras y banca de inversión son las más optimistas. En 2024, la proporción de empresas que anticipaban una reducción en sus operaciones era más alta. En ambas ediciones, las principales causas para prever una contracción de operaciones siguen siendo las dificultades con licenciamiento y el cierre financiero de los proyectos.

«La reducción de tasas de interés a comienzos de 2025 favorece las condiciones de financiación. El discurso oficial hacia las asociaciones público-privadas se ha moderado, generando un entorno menos hostil hacia la inversión privada. A pesar de ello, persisten alertas por el deterioro fiscal y la lentitud en la ejecución de proyectos estratégicos», manifiestan.

Esto da como resultado que el 37 % de los encuestados manifestaron que si se mantuvieran las condiciones actuales expandiría sus operaciones, el 59 % las mantendrá igual y el 5 % las reducidrá. Estas cifras reflejan una mejoría respecto 2024, donde quienes bajarían sus operaciones corresponden al 20 % de los encuestados.

Respecto a este último, la razón principal para hacerlo es la falta de estabiliad jurídica y regultaroria (18%), seguido por la falta de Gobierno (18%) y las dificultades para obtener permisos y licencias (16%)».

Tomado de Portafolio.

Para más información: aquí.