Exministros alertan sobre decreto que redistribuiría vigencias futuras en otras obras

Este martes 26 de agosto de 2025, seis exministros de Hacienda y Transporte enviaron una carta abierta al Gobierno y a la opinión pública en la que manifestaron su “enorme preocupación” por las implicaciones del borrador de decreto que el Departamento Nacional de Planeación publicó recientemente. El documento busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas en proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Los exministros Ángela María Orozco, Germán Cardona, José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo advirtieron que el decreto “pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”.

En el pronunciamiento señalaron que la iniciativa genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad al desconocer los procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Recordaron que el borrador contradice “os planteamientos -recientemente esgrimidos- por la Contraloría General de la República, en cabeza del señor Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, en un control de advertencia según el cual las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente.

El texto agrega que los funcionarios que llegaran a expedir el decreto “estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales”.

Riesgos contractuales y para la credibilidad de las APP

Los exministros advirtieron que la expedición del decreto podría abrir la puerta a demandas por parte de concesionarios. Según el documento, el Estado -de manera unilateral- estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes.

Respecto a la posibilidad de resolver la discusión mediante un artículo que permita convenir la redistribución de vigencias futuras entre las partes, señalaron que hoy los contratos de concesión ya contienen cláusulas en ese sentido y, por ello, incorporar el mutuo acuerdo en el decreto no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad.

El pronunciamiento también destacó los efectos sobre el esquema de Asociaciones Público-Privadas. Según explican, de expedirse, el decreto también pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas, que no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras; es además fundamental al momento de desarrollar infraestructura social, tan necesaria para la disminución de la desigualdad en el país.

Impacto en proyectos estratégicos

En la carta se expuso que la redistribución de vigencias futuras dejaría en riesgo la única gran apuesta de este gobierno en infraestructura carretera: la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país.

“En el caso de El Estanquillo-Popayán, el 97% de su financiación dependerá de vigencias futuras por cuanto el corredor contará tan solo con un peaje. Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”.

Tomado de: Portafolio (autora: Paula Galeano Balaguera).

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